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Febrero 11, 2019 |Lic. Jorge Luis Zurita Brito

Para nadie es un secreto que el proceso adversarial u oral como se le llama, cambió los paradigmas en donde la reclusión de una persona es la última ratio o medida. Así pues, se privilegia el que los internos sentenciados y hasta en proceso alcancen beneficios para salir como puede ser a través de la retroactividad de la ley, así como, los que la misma ley penal señala. La Ley Nacional de Ejecución Penal que es de observancia obligatoria en todo procedimiento penal acusatorio recoge los principios constitucionales del sistema penitenciario que se señalan en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice “…el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley…” Ahora bien, la Ley de Ejecución Penal recoge este principio en su artículo 3, fracción XXIV y nos indica que el plan de actividades del reo es una organización del tiempo y espacio en cada persona privada de su libertad realizará, sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas y personales. La misma ley señala en su artículo 136 que los sentenciados pueden obtener en algunos casos beneficios preliberacionales como puede ser la libertad condicionada, la libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas y permisos humanitarios.

Para poder acceder a estos beneficios la Ley de Ejecución Penal exige ciertos requisitos como son:

I.   Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria.

II. Que no exista riesgo objetivo y razonable en su externamiento, para quienes depusieron en su contra y la sociedad.

III. Haber tenido buena conducta.

Así pues, el sistema penitenciario impone al reo todo un plan de reinserción para procurar la no reincidencia del sujeto. Desafortunadamente, como muchas cosas en este sistema procesal adversarial vigente, no se han hecho las adecuaciones pertinentes para que esto funcione de la mejor manera. Por ello, sin la debida actualización y preparación por lo menos en nuestro estado, para los psicólogos oficiales que laboran en los Cresos (Centros de Reinserción Social) para cumplir con lo que mandata la ley citada, estos realizan dictámenes principalmente de personalidad (sic) que envían al juez de ejecución como parte del programa de actividades al que se sometieron los internos y aspirar lograr con ellos los beneficios legales.

Sin embargo, estos dictámenes en su mayoría carecen del más mínimo rigor metodológico-científico. Se hacen sin conocimiento alguno y en tres hojas.  Únicamente para justificar el plan de actividades y decir que el interno ya está readaptado o no y listo para ser reinsertado en la sociedad. Hemos atestiguado que no señalan en ese documento, no puedo llamarlo dictamen – que es lo que se les pide que hagan, ni quien se los pide, no ponen fecha en que se realizó la entrevista y si aplicaron las pruebas psicológicas, no refieren que se obtuvo de cada prueba, tampoco si estas están validadas para población mexicana por citar algunas obviedades. Incluso se atreven a decir que el interno no necesita ser valorado, ni por un psiquiatra, ni un criminalista como si ellos fueran peritos en esas materias. Todo esto nos hace llegar a una reflexión: ¿Deben realizar los dictámenes en psicología los peritos del centro de reinserción social? En mi opinión la respuesta es un contundente ¡NO!.

En primer lugar porque un dictamen es todo un estudio metodológico-científico que requiere de personas expertas en la materia para realizarlos. Lógicamente este estudio no puede ser de tres hojas como acontece. Sin embargo y en descargo de la responsabilidad de estos profesionistas manifiesto que es un problema del sistema que no los preparó para aplicarse en este proceso penal. No les allegan el material indispensable para realizar pruebas actualizadas y específicas para demostrar que no hay riesgo para la sociedad de que estas personas salgan en libertad. Por otro lado, tampoco es sano que sean estos profesionales quienes lo realicen por el hecho de estar contaminada su perspectiva con respecto a los reos con quienes comparten todos los días, llegando a generar relaciones de afecto, camaradería y hasta fuertes lazos sentimentales, lo que no permite gozar de la suficiente objetividad que se requiere. Por último, por supuesto que hay un riesgo latente para estos profesionistas al concluir en sus dictámenes que el interno no está apto para reintegrarse a la sociedad; su salud y hasta su vida corren peligro.

Conclusión: es urgente crear un departamento externo al Centro de Reinserción Social, con peritos calificados o recurrir a los Colegios y Asociaciones en Psicología, para que sean estos los que apliquen las pruebas necesarias y se concluya objetivamente sobre el riesgo o no del interno para con la sociedad y de quienes depusieron en su contra.

Conclusión: es urgente crear un departamento externo al Centro de Reinserción Social, con peritos calificados o recurrir a los Colegios y Asociaciones en Psicología, para que sean estos los que apliquen las pruebas necesarias y se concluya objetivamente sobre el riesgo o no del interno para con la sociedad y de quienes depusieron en su contra.

Se trata pues, de garantizar que la persona que esta interna tenga toda la ayuda necesaria estar lo más seguro que está apto para reinsertarse en la sociedad con respeto a sus normas y valores de convivencia. Que sea útil para él y su familia; que aprenda un oficio o estudie para aspirar a más metas en lo futuro y con ello lograr el objetivo de la reinserción real que mande a la calle a personas bien ubicadas y equilibradas racional, emocional y conductualmente

  Lic. Jorge Luís Zurita Brito

Lic. Jorge Luís Zurita Brito

Licenciado en Derecho por la UNAM y Lic. En Psicología por la UAGro. Miembro de la barra de abogados de Acapulco y de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica, Diplomado en Psicología Jurídica y Forense por la ANPJ. Editorialista del Diario Sol de Acapulco. Agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado de Guerrero.

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